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Mafias y falta de control de Autoridades locales de Salud, responsables del incremento del Abigeato en Colombia.

abigeatoPara la UNION NACIONAL DE ASOACIONES GANADERAS – UNAGA, el problema del abigeato en Colombia se salió de su cauce. Mientras muchos culpan a la Policía y al Ejército por falta de control y acompañamiento, el problema sigue en crecimiento.

El tema tiene mucho más de fondo y actores involucrados, pues mientras existan mafias organizadas que expendan la carne sin ningún tipo de control, nunca terminará el problema.

“El problema es que las autoridades a las que les corresponde el control de los expendios de carne dejaron de cumplir con esa responsabilidad. Mientras no se controle la procedencia de las carnes, y el requisito del cumplimento sanitario en los mataderos, la situación será más difícil cada día”, sostiene el presidente de UNAGA, Ricardo Sánchez Rondón, quien adelantó con un equipo de trabajo una investigación detallada de lo que está sucediendo con el abigeato en el campo colombiano.

Sánchez Rondón hace un llamado a las autoridades municipales (alcaldías) para que asuman la responsabilidad que les corresponde. “No es la Policía y el Ejército, son las autoridades municipales como el Secretario de Gobierno, e inspectores locales quienes deben hacer el control de los expendios de carne. El abigeato o robo de ganado debe configurarse como delito no excarcelable pues a él se unen otros como concierto para delinquir, falsedad en documento público, entre otros. Es lo que se está presentando en nuestras regiones, corrupción que involucra desde autoridades locales en alcaldías municipales, pasando por Sijin, Fiscalía y la anuencia de la Policía”.

Son mafias montadas y absolutamente organizadas que luego del robo de los animales o el sacrificio inicial en el lugar del hurto se desplazan a viviendas en zonas urbanas para completar el sacrificio y hacer el expendio informal de la carne sin ninguna norma de salubridad e inocuidad bajo la mirada cómplice de las autoridades que conocen de la existencia de estos lugares.

“Valledupar es una ciudad que hace menos de 20 años tenía 300 mil habitantes. Y se montó un frigorífico certificado por Invima como uno de los mejores para carnes tipo exportación, que es de la Cooperativa Lechera del Cesar. Hace 20 años se sacrificaban 75 cabezas diarias, que era supuestamente el consumo diario de la ciudad. Resulta que hoy, 20 años después, cuando la ciudad tiene quizás el doble de la población, más una población flotante importante, el sacrificio de carne en ese frigorífico en vez de aumentar ha disminuido”, asegura Sánchez Rondón.

El dirigente gremial se pregunta entonces ¿de dónde está entrando la otra carne para abastecer al resto de la población? “Ese es un indicativo de que las carnes vienen de otros mataderos de menor categoría. Que proceden de mataderos municipales y de corregimientos, sin las condiciones sanitarias. Eso propicia el abigeato”, agrega.

El barrio Nevada en la ciudad de Valledupar es el mejor ejemplo de lo que sucede en buena parte del territorio nacional.

Los departamentos con mayores índices de producción son a su vez los que más registran el fenómeno. Por eso, de acuerdo con la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, DICAR, la lista la encabezan Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Arauca, Magdalena Medio, Bolivar y Cesar.

En departamentos como el Cesar, por ejemplo, de los 13.200 predios ganaderos que tiene la región, al menos la mitad (6.600) sufren este flagelo. Y en el menor de los casos, a cada uno le roban una cabeza de ganado cada año. Eso quiere decir que se hurtan 6.600 animales anualmente, por un valor promedio de 2 millones por animal (si se tiene en cuenta que se roban el mejor ganado) lo que arroja pérdidas de $13.200 millones anuales. Solo en ese departamento.

En La Guajira la situación no es diferente. Se roban dos animales al día. Esto representa 600 cabezas de ganado, que en dinero suma $1.200 millones, tan solo en la zona Maicao Albania. La misma situación se viene presentando en el departamento de Antioquia, donde anualmente se roban 200 cabezas de ganado en el suroeste de Antioquia y el Norte de Caldas con pérdidas aproximadas de $400 millones anuales. Algo similar viven los ganaderos de Tame Arauca, donde hay unos 250 predios ganaderos con unas 1.500 cabezas de ganado. De las cuales, un 30% es hurtado cada año.

Las cifras oficiales

Según datos oficiales, entre el año 2012 y 2016 se presentaron en el país 9.024 casos de abigeato en los que se robaron 80.620 cabezas de ganado con un costo de $84.339 millones, de los cuales fueron recuperados 19.727 animales por un valor de $26.858 millones. Esto quiere decir que, en promedio, las autoridades logran recuperar tan solo el 24% de los casos reportados. En otras palabras, de cada diez cabezas de ganado que se roban, las autoridades recuperan menos de tres.

Aunque una manera de medir las pérdidas del robo de ganado es por el valor del animal, lo cierto es que, de acuerdo con la especie y tipo de animal, esas pérdidas son mayores. Por ejemplo, si se trata de una hembra lechera especializada de Cundinamarca o Boyacá el valor que representa el animal es de $3 millones aproximadamente, más el valor de lo que produce en leche, que es de unos $3 millones anualmente, y el periodo de lactancia de las posibles crías que pudo haber tenido, para una aproximación de $8 millones en pérdidas. Por el contrario, si se trata de un animal ubicado en climas más tropicales con propósitos de ceba o mixto, las pérdidas son diferentes debido a la raza del animal y a que su utilidad neta se ve reflejada únicamente en el momento de la comercialización”1.

Denuncias formales

Aunque existen algunas cifras oficiales en cuanto a número de casos que se reportan a la Policía y a la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que, a todas luces, en esos reportes hay un sub registro. Este fenómeno se presenta, principalmente, por temor a las represalias que puedan tomar los delincuentes contra quienes denuncian. Y por otra parte, debido la apatía que hay entre algunos ganaderos quienes perciben poca efectividad de las autoridades y del aparato judicial para encerrar y enjuiciar a los bandidos.

Así, muy pocas denuncias penales se hacen ante la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el registro de la entidad, durante los últimos seis años sólo se presentaron 278 denuncias ante esa entidad por el delito de “Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado”, contemplado en el artículo 243 del Código Penal. En este período el año con mayor número de denuncias es el 2013 con 103, le sigue el año 2012 con 100. Y los años con menor registro son 2015 y 2016 con 9 y 10 denuncias respectivamente. Si se observa el comportamiento por regiones la que más denuncia en este periodo de tiempo es la Sabana de Bogotá con 99 casos.

Soluciones propuestas por UNAGA

Para el presidente de UNAGA, Ricardo Sánchez Rondón, tres son los grandes problemas: insuficiencia en la seguridad que deben brindarles las autoridades policiales; falta de control de parte de las alcaldías locales, más exactamente las secretarías de Gobierno y Salud como los entes que deben vigilar la actividad de sacrificio de animales con las normas estipuladas por el Invima, perseguir los mataderos clandestinos en los municipios. Y por otra parte, la debilidad en el aparato judicial para que los delincuentes que son apresados realmente paguen una pena privativa de la libertad que se justifique con la gravedad del hecho delictivo. Eso si se tiene en cuenta que en muchos de estos casos el robo de ganado viene acompañado de secuestro (al amordazar a los trabajadores de las fincas) y concierto para delinquir, pues se trata de bandas organizadas.

El Presidente de UNAGA, advierte que además de pregonar reuniones que solo generan desconcierto entre los ganaderos que con el pasar de los días no evidencian cambios en la situación, propone cinco salidas coyunturales de efectivo cumplimiento:

1. Secretarias de gobierno y salud deben cumplir con su función en cumplimiento de las normas estipuladas por el Invima en cuanto a la vigilancia de la actividad de sacrificio de animales y mataderos clandestinos en los municipios. De lo contrario, tramitar las sanciones disciplinarias a que haya lugar por la falta de actuación.

2. Las autoridades de policía deben dar estricto cumplimiento a los artículos 110 y 111 del Nuevo Código de Policía en donde se imponen medidas correctivas en caso de que las carnes provengan de beneficiaderos que no cuenten con las medidas sanitarias de Ley. Eso acarrea suspensión de la actividad y multa. Antes la Policía no podía hacerlo. Ahora podrá aplicar las sanciones y además generar el trámite a la entidad que le corresponde (Secretaría de Salud o de Gobierno).

3. Se hace necesario tramitar la designación de jueces especializados que asuman el manejo judicial del abigeato en el territorio nacional.

4. Configurar la causal de agravación punitiva para que el abigeato lleve concurso heterogéneo con los delito de concierto para delinquir y falsedad en documento con el fin de evitar la excarcelación de quien comete el ilícito del abigeato.

5. Implementar el control en las carreteras a través de cámaras ubicadas en sitios estratégicos de movilización.

Sánchez Rondón advierte además que la medida estructural a seguir es la aprobación del Proyecto de Ley 92 de 2016 que hace trámite en el Congreso de la República, por medio del cual se modifica la Ley No. 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado y que sigue engavetado en el Congreso.

El proyecto propone que “quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas mayor o menor, equinas, porcinas incurrirá en prisión de 8 a 14 años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Y en caso de que se use vehículo automotor, bienes muebles e inmuebles, estos serán sometidos a la extinción del dominio.

También propone crear el Abigeato agravado, que aumenta las penas privativas de la libertad en una tercera parte o hasta el doble cuando:

  1. Cuando se inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las especies mencionadas en la ley.

  2. Cuando se ejecute con violencia física o moral sobre las personas.

  3. Cuando participe en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión.

  4. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común.

  5. Cuando las especies de las que trata la ley sean transportadas en vehículo automotor.

  6. Cuando se presente sacrificio de las especies de las que trata la ley.

El proyecto de ley también contempla imposición de multa en lugar de la pena privativa de la libertad, cuando:

  1. Cuando las especies de las que trata la ley se restituyeren en término no mayor de veinticuatro (24) horas sin daño sobre las mismas y el responsable pague los daños y perjuicios que hubiere ocasionado.

El proyecto de ley se radicó el 9 de agosto del año 2016, pasó a comisión primera y ya tiene como ponente al senador Jaime Amín.

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